EL SURGIMIENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA

REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÒN SUPERIOR
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COORDINACIÒN DE INVESTIGACIÒN Y ESTUDIOS AVANZADOS
MAESTRIA: INNOVACIONES EDUCATIVAS Y DESARROLLO HUMANO
UNIDAD: POLÌTICA Y GESTION PUBLICA



EL SURGIMIENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA



GRUPO:
MARICAR CASTILLO

PROFESOR: Abg.- LILIANA UZCATEGUI
NUEVA LUCHA, JULIO DE 2010

TEMA III: EL SURGIMIENTO DEL PENSAMIENTO CRÌTICO SOBRE LA GESTIÒN PÙBLICA.
1.- GESTION PÚBLICA Y MODOS DE PRODUCCION:
Es importante no emprender un análisis del Estado
concibiéndolo como una entidad de naturaleza diferente a la sociedad en su
conjunto. Por el contrario, el punto de partida debe ser su restitución en la
totalidad social. Ahora bien, si se trata de restituirlo, debemos dilucidar
entonces la razón por la cual esto es necesario, vale decir: ¿qué características
tiene la sociedad capitalista que hacen que el Estado aparezca como
una instancia diferenciada de la sociedad civil?

Son múltiples los abordajes emprendidos –a partir de la obra de Marx–
para dar cuenta de ello. El punto de partida es el análisis genético de las
relaciones sociales capitalistas, vale decir, la pregunta por el modo en que
se constituyeron tal cual se nos presentan. En ese sentido, lo distintivo del
capitalismo es que es la primera sociedad donde las relaciones de dominación
no son directas. Esto implica que no son relaciones inmediatas de sujeción,
sino mediadas, en este caso, por el intercambio de mercancías. La
dominación, al igual que en sociedades anteriores, está sustentada en la
apropiación de trabajo ajeno, pero por primera vez no existe coacción al
interior del proceso de trabajo para llevar adelante dicho fin.

En el capitalismo, el intercambio que se da en el plano del mercado
(la venta de fuerza de trabajo) es lo que habilita la posibilidad de que la
explotación acontezca en el ámbito de la producción. Ahora bien, el
prerrequisito para la producción capitalista es la existencia de hombres
libres (vale decir, sin lazos de sujeción directa y sin medios para producir,
de ahí su carácter de “doblemente libres”, tal como lo estableciera Marx)
que se vean obligados a venderse como fuerza de trabajo en el mercado.
Para ello es necesario un disciplinamiento tanto en un sentido “originario”
(la separación entre productores y medios de producción, al estilo
del célebre capítulo XXIV del primer tomo de El Capital) como de manera
permanente (tal separación debe ser sostenida; en otros términos, debe
asegurarse que los hombres acepten su condición de fuerza de trabajo y
no pretendan excederla). De manera que el hecho de que no haya coacción
al interior del proceso de trabajo no significa que la sociedad esté
desprovista de dominación. Por el contrario, la violencia es concentrada
en una instancia específica que aparece como separada del momento de la
producción, pero que es tanto su requisito como su consecuencia, vale
decir, es co-constitutiva. Tal instancia es el Estado. Llegados a este punto,
podemos definirlo como un aspecto de las relaciones sociales (de dominación)
capitalistas.

Toda relación de dominación es, por definición, una relación de antagonismo
y, por ende, una relación inestable, atada al devenir de la propia
confrontación. Por ende, el Estado es también una relación contradictoria.
Para aclarar esto es necesario plantear la cuestión en términos menos abstractos.

El Estado en tanto relación social aparece de manera concreta bajo
la forma de instituciones (Aparato de Estado), las cuales dan cuenta del
carácter contradictorio de la misma. Las instituciones estatales son
cristalizaciones materiales de las relaciones de fuerza a nivel social.
Vale decir, ellas expresan –institucionalmente, esto es, de manera refractaria y
bajo una lógica determinada, institucional– un conflicto que las excede. El
Estado aparece como una entidad exterior a la sociedad porque estas instituciones
toman una forma propia, objetiva, son un producto de una relación
contradictoria que a la vez la niega como tal, en la medida en que se
sustentan sobre la abstracción de las desigualdades reales y la producción
de una igualdad formal. La abstracción es, de este modo, una abstracción
real o, en otras palabras, una ilusión verdadera: no es un problema de la
conciencia de los sujetos –ver o no ver al Estado por encima de la sociedad–,
sino el modo en que se configura la realidad en la sociedad capitalista
(el Estado aparece por encima de la sociedad).

Una vez establecidas algunas delimitaciones de la relación Estado-
Conflicto Social en el modo de producción capitalista, y planteados los
términos generales en los cuales el Estado uniformiza la sociedad, el problema
de la institucionalización remite a las formas concretas que ésta asume.

En este apartado intentaremos desarrollar el mencionado proceso estatal
de mediación del conflicto social, dando cuenta de algunos de sus fundamentos
y mecanismos centrales.

Denominaremos a estos mecanismos formas de tratamiento, ya que,
nos parece, implican centralmente un proceso que puede dividirse (analíticamente,
aunque no en el plano de lo observable) en una entrada, un tránsito
y una salida, de manera que un problema presentado al Estado es, más
allá de su parcial solución, siempre reconfigurado, tratado de forma tal que
sus aristas más incompatibles con el orden existente sean modificadas o, en
su defecto, amputadas.

El fundamento de la institucionalización lo debemos encontrar en las
funciones inherentes a los aparatos de Estado. Si antes recorrimos consideraciones
generales en torno al Estado como relación social constitutiva de
la sociedad capitalista, aquí intentaremos trazar la especificidad de los aparatos
de Estado en lo que al conflicto social refiere.

En primer lugar, podemos afirmar que los aparatos de Estado cuentan
con un rol preponderante en la reproducción de las relaciones sociales
capitalistas. En términos más concretos, sus funciones se orientan hacia
la unificación del bloque dominante y la desorganización y división de
las clases dominadas “polarizándolas hacia el bloque en el poder y
cortocircuitando sus organizaciones políticas propias”. Esta actividad
propia del andamiaje estatal se sustenta en la manera en que se enfrenta
con la sociedad civil. La individualización propia de las relaciones de
producción capitalistas (la concepción del hombre como elemento aislado,
apéndice de la maquinaria en el proceso productivo) es el elemento en
donde se enraíza la materialidad del Estado. Sus aparatos son moldeados
para ejercer el poder sobre un conjunto así constituido, por lo que su
marco no permite reconocer otras formas. De esta manera, cumple una
función permanente de fraccionamiento de lo social.

Para desarrollar este punto, John Holloway propone una interesante
relación entre ciudadanía y administración pública. La teoría y la práctica
de la administración pública tienen como supuesto el concepto moderno de
ciudadanía, en el sentido de la igualdad formal y la individualización antes
descripta, esto es, que la sociedad es una masa de ciudadanos (abstraídos de
su condición de clase). De esta manera, contribuyen al proceso de fragmentación
de la lucha de clases, ya que ésta es redefinida en términos de demandas
ciudadanas.

Entonces, todas las prácticas transformadoras (se dirijan o no al Estado)
son absorbidas y tratadas en estos términos. Si lo que ingresa al moderno
entramado institucional es la lucha de clases, su producto principal es
una masa indiferenciada de ciudadanos. De esto se trata la
institucionalización del conflicto social. En el caso de cualquier conflicto
puntual que plantee cuestionamientos (conscientes o no) profundos al orden
existente, este verá sus aristas peligrosas amputadas y su núcleo normalizado
por las diferentes dimensiones del Estado. Por caso, el sistema
judicial no admite presentaciones colectivas y, si lo hace, nunca se da en
términos de clase. Tan solo reconoce grupos de individuos, y no relaciones
clasistas que los preceden. De la misma manera, el sistema político supone
una serie de normas y procedimientos que orientan las prácticas partidarias
más hacia la búsqueda de votos ciudadanos que hacia la expresión o representación
de un interés de clase.

Sin embargo, el problema del tratamiento no debe reducirse solamente a
las demandas que recibe el Estado sino a la forma misma en que éste concibe
la problemática social. Pensemos por ejemplo en los términos de la asistencia
social propios del Estado y su relación con momentos de conflicto. Es fácilmente
asociable el aumento en los montos de ayuda con la multiplicación de
las protestas, conflictos y activación de los sectores populares (el ejemplo
más cercano y concreto quizá sea la explosión de Planes Jefas y Jefes de
Hogar los primeros meses de 2002). Al margen de que todo logro siempre
debe ser pensado en términos de conquista y no sólo como concesión por
parte de las clases dominantes, debe resaltarse que la ayuda social supone
términos que por sí mismos tienden a la desarticulación de las organizaciones
propias del campo popular. En otras palabras, prácticas que muchas veces no
son dirigidas hacia el Estado y que otras, si lo son, no son reductibles solamente
a un problema material, son reconfiguradas en términos de medidas
cuantificables de la “necesidad” (la estadística y sus instituciones –como el
INDEC en el caso argentino–, entonces, suponen ya una matriz de tratamiento
del conflicto social). De esta manera, la búsqueda, sin duda material y
atravesada por la crisis económica, que puede trascender la inmediatez y pensarse
como producción de nueva subjetividad y transformación de relaciones
sociales, es reconducida hacia los términos propios del Estado.

Estos mecanismos, entonces, podrían englobarse en un doble movimiento
propio de la práctica estatal, denominado por Holloway proceso
de Individuación-Colectivización. El mismo consiste en la disolución de
un colectivo antagónico y clasista en átomos dispersos e indiferenciados
para su posterior reunificación en agrupamientos de carácter no peligroso
para el orden existente (los “ciudadanos” o la “nación” pueden funcionar
en este plano). El núcleo del proceso es su adaptación a los términos de la
sociedad actual. Un caso –polémico– de procesos de institucionalización
de esta índole está dado por el recorrido del problema de los Derechos
Humanos en nuestro país. Si en los principios de los ochenta suponía una
problemática radical de fuerte cuestionamiento al orden social, muchos de
sus términos y organizaciones fueron decantando hacia agencias como Secretarías
de Derechos Humanos (hoy presentes en casi todos los planos de
gestión pública del país). Esto no supone desmerecer lo que no debe ser
concebido meramente como concesión del Estado que busca aplacar una
lucha antagónica, sino también como una conquista plasmada
institucionalmente. En última instancia, se trata de comprender que la transformación
de la institucionalidad estatal no puede ser el horizonte último
de un proyecto emancipatorio, sino apenas parte de un recorrido que debe
trascenderlo y plantearse en tiempos y lenguajes que se sustraigan del Estado
en cuanto lógica de normalización –capitalista– de la actividad social.
Para concluir en este punto se tiene que todo lo antes mencionado implica, por lo pronto, que el obrero mismo sólo aparezca como vendedor de mercancías y, por ende, como asalariado libre, o sea que el trabajo aparezca en general como trabajo asalariado. Según el desarrollo hecho hasta aquí, resulta superfluo comprobar nuevamente de qué modo la relación entre capital y trabajo asalariado determina el carácter total del modo de producción. Los principales agentes de este modo mismo de producción, el capitalista y el asalariado, sólo son, en cuanto tales, encarnaciones, personificaciones de capital y trabajo asalariado, determinados caracteres sociales que el proceso social de producción estampa en los individuos; productos de esas determinadas relaciones sociales de producción.
En la mercancía, y más aún en la mercancía como producto del capital, están implícitas ya la cosificación de las determinaciones sociales de la producción y la subjetivización de las bases materiales de la producción, que caracterizan a todo el modo capitalista de producción.
Existe otro rasgo que caracteriza especialmente al modo capitalista de producción y es la producción del plusvalor como objetivo directo y motivo determinante de la producción. El capital produce esencialmente capital, y sólo lo hace en la medida en que produce plusvalor.
Cuando examinamos el plusvalor relativo, y luego al considerar la transformación del plusvalor en ganancia, vimos cómo se funda en esto un modo de producción peculiar del período capitalista: una forma particular del desarrollo de las fuerzas productivas sociales del trabajo, pero como fuerzas del capital autonomizadas frente al obrero y, por ende, en directa antítesis con su propio desarrollo, con el del obrero.
La producción para el valor y el plusvalor, tal cual se mostró en el desarrollo ulterior, implica la tendencia, siempre operante, a reducir el tiempo de trabajo necesario para la producción de una mercancía, esto es, su valor, por debajo del promedio social existente en cada ocasión. El deseo acuciante de reducir el precio de costo a su mínimo se convierte en la más fuerte palanca para la intensificación de la fuerza productiva social del trabajo, que aquí, solo se presenta como intensificación constante de la fuerza productiva del capital.

2.- EL CARÁCTER DE LA CLASE DE LOS PROCESOS DE GESTIÒN PÚBLICA:
El carácter de clase inscripto en los aparatos de Estado imprime una forma
de mediación (no arbitraje sino ejercicio del poder de clase a través del
Estado) del conflicto por medio de la cual el Estado tiende a normalizar las
peticiones y protestas de las clases dominadas. Existen múltiples formas de
mediación relacionadas con la capacidad del Estado de centralizar el poder
de clase y, al mismo tiempo, de totalizar a todas las clases en su seno, el desplazamiento o canalización aparece como la forma clave de lo que denominamos institucionalización. Se trata de la canalización de las demandas populares a través de instituciones y procesos
que no provoquen rupturas en el orden dominante. De esta manera, se
encuentran canales seguros para que las contradicciones no debiliten el
dominio.

La forma propia de canalización del Estado capitalista es la constante
creación de alternativas intrasistémicas al conflicto presentado. De esta
forma, las contradicciones son transformadas hacia dilemas solubles dentro
del orden existente. Este proceso no es de ninguna manera una desviación
consciente por parte del Estado, sino que los propios canales
institucionalizados de presentación de demandas suponen una serie de pautas
siempre compatibles con el carácter de clase del Estado. Ahora bien, de
lo que se trata es de canalización de energías populares, por lo que no debe
concebirse a esto como un proceso cerrado. Se trata, más bien, de una permanente
disputa por exceder el plano de la normalización que el aparato
estatal propone.
El Estado ha sido explicado fundamentalmente por la dimensión sustantiva de las políticas públicas, es decir sus orientaciones, quedando en un segundo plano los procesos que han tenido lugar para formular esas políticas y para ejecutarlas, sin embargo esta dimensión es de suma importancia para la comprensión rigurosa del Estado, en este sentido ha dicho Holloway “El Estado no se puede dividir en dos: una parte política y opresiva, y otra administrativa y neutra. El Estado es un Estado de clase, no solo por lo que hace sino también por la forma en que lo hace; no solo por su actividad, sino en virtud de la forma organizativa de ésta. La naturaleza capitalista del Estado se expresa en cada detalle de su organización.